Año de la Reconstitución Nacional

 

 Del escritorio del: General y Licenciado FRANCISCO BERMÚDEZ A

 “Año de la Reconstitución Nacional”

NUESTRO PAÍS EN CRISIS

El escenario sigue cambiante y perturbante, la crisis como hemos comentado en términos de “las Cortes” se agudiza y persisten en afianzar espacios de poder que ya se convirtieron en ilegales y espurios, como ellos mismo tratan de definir, los criterios Republicanos, ellos “las cortes” los han mancillado, como han violado la constitución y sus leyes subsecuentes, las cuales las “manejan” con “protocolos y reglamentos” diseñados para la malformación jurídica y la violación de la justicia. Promulgando fariseos que inducen o deducen la forma en que debe de aplicarse la justicia, como eslabón fundamental de la vida en sociedad y la construcción de la República. Falseando como su fin, lo estipula, a generar una disoluta cohesión social. La justicia es el parangón por excelencia  que le da fortificación a la sociedad, el objetivo es romper esta premisa, “justicia”. Utilizando todo los medios disponibles, el engaño, la usurpación y la ignorancia.

ESCENARIO INICIAL EN JULIO, AÑO DEL CORONAVIRUS.

Si bien la crisis del sector justicias ha sido evidente desde hace varios años, décadas quizás, se agudiza cada día más, conteniendo entre otras, una flagrante violación constitucional desde el mes de septiembre (2019) en que debieron ser reemplazados los magistrados de la CSJ, la cual se interrumpió por un fallo, producto de un amparo interpuesto por la Fundación Mirna Mack, que suspendió el proceso y ordeno reiniciarlo, sin considerar las graves violaciones que esto consideraba. Ahí inicia el fraude a la constitución, e incluso al proceso electoral, cuando los magistrados de la CC indirectamente permiten que se prolongue el periodo Constitucional de ejercicio de los magistrados de la CSJ. Esto es un claro ejemplo, que lo pueden hacer con cualquier tipo de elección, incluso presidencial (hay serios indicios de anomalías en el ultimo proceso), acciones que se han reflejado en la arbitrariedad de consentir, elecciones de alcaldes y su toma de posesión por alegatos (en proceso) no permitiendo que asuman los funcionarios. Consienten un precedente nefasto de irresponsabilidad y arbitrariedad intencional, lo que los convierte en actores de un delito constitucional, o bien de utilizar sus facultades para generar la comisión de delitos subsecuentes, los fallos de ésta Suprema Corte, ilegal.

Este es el hecho de generación más relevante hasta el momento, pero nos enfrentamos a una Corte de Constitucionalidad, que ha cometido actos totalmente arbitrarios en contra de las Constitución, y que se han convertido en supra corte de facto, sin atender o más bien cumplir su mandato de salvaguardia de la Constitución. Demostrando que fue un gran error crearla. Se debió haber seguido con el sistema clásico de CSJ, en la cual se conformaba un tribunal constitucional cuando el caso lo ameritaba.

Todas estas resoluciones tanto de la CC como de CSJ han sido insolutas y generadoras de una incertidumbre legal en nuestro país. A este “entuerto” se le debe agregar los irresolutos dictámenes o fallos del Tribunal Supremo Electoral, los cuales han contribuido a la formación de dudas y sospechas en la ciudadanía sobre los procesos electorales y cuyos personajes internos del Tribunal, del Registro y otros, han aunado a la duda y no a la transparencia y confianza ciudadana. Permitiendo “dudas razonables” en torno a la veracidad de los resultados electorales y poniendo en duda la designación popular. Ejerciendo el poder de hecho y no de derecho.

La crisis se torna “in crescendo” conculcando los estadios del poder y la estabilidad del país y sus autoridades. La indiferencia es tal y la pandemia nos atribula de tal manera que perdemos de perspectiva lo flagrante del “delito constitucional”. Lo singular del caso es que se percibe un contubernio con el gremio de abogados (silencio, “peccatum omissionis”), a excepción de algunas voces y organizaciones gremiales “disonantes” contra el “statu quo”, en donde en franco contubernio se distorsiona la justicia, por la corrupción e intereses jurídicos perniciosos.

Ataque a mansalva a la Justicia, uno de los tres poderes clásicos de la República, como sistema de gobierno por el cual hemos optado, fue tomado y desde este “buro jurídico” pretenden dominar el accionar del Estado, “crassa error”. Pretendiendo adulterar por falacias ilegales la Constitución, y dándole interpretaciones arbitrarias que retroceden los avances democráticos de nuestro país, y del derecho Constitucional. Olvidando que el poder radica en el pueblo, y nadie se puede atribuir este fin, sin su consentimiento. La soberanía ciudadana no es sujeta de interpretaciones y mucho menos de pretender establecer doctrinas que no hayan sido “consultadas” con los ciudadanos.

Con estos inexplicables hechos y actitudes de los dos órganos, CC, CSJ, de jurisdicción lega cuestionable, los cuales, como se ha dicho generaron un  “entuerto”, se tornó inviable su actuación,  le han fallado “al ciudadano” han gestado un delito en contra del orden Constitucional establecido, y esto, debe ser corregido. He ahí el dilema, quien corrige la arbitrariedad de los “hombres” no de la ley, son sus actos personales los que causan delito y lo  peor discordia social, más atroz.

Ante tales circunstancias el llamado es al actuar de la “República”  tres poderes independientes con un bagaje de leyes que les otorgan sus atribuciones y en cuya relación priva la no interferencia, como acto doctrinario de orden político fundacional. En tal sentido lo que se espera es que de los organismos de Estado actué el representativo del pueblo, “El Legislativo o más conocido como Congreso” Quienes son los electos por el pueblo para representarlos en todos los actos que se refieran a su “bienestar y prosperidad” tal como lo dicta la doctrina política. Derivado de estos preceptos de orden Estatal, es el congreso quien debe corregir, como representante electo por el pueblo, a cualesquiera de los otros que infrinjan o atenten contra la constitución y sus preceptos fundamentales. Nadie puede ser “juez” y “parte” en un discurrir.

En este orden de ideas políticas y legales, debemos incentivar al “Congreso” a que resuelva por una vía “sui generis” el “entuerto” provocado por las Cortes, tanto Constitucional, como Suprema y como Electoral. Que con urgencia, reconstituyan el orden, el control y garantice la justicia, pronta y legal. Siendo una oportunidad incluso de reivindicación ciudadana y dignataria.

ACTUALIZACION DEL ROMPIMIENTO, 28 de septiembre, año del Coronavirus.

Hasta aquí el escenario del mes de Julio del año Coronavirus, este no se estancó, por el contrario evoluciono a consideraciones mucho más oscuras.

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, falleció el sábado tras casi un mes de padecer coronavirus, se informó.

Julio Rodríguez, un exoficial de la CC –nombrado por su mentor, el ahora exmagistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera– planteó una exhibición personal para determinar si los magistrados Bonerge Mejía y Neftalí Aldana “están con vida y en condiciones óptimas de salud física y psicológica”. Sus motivaciones no se pudieron corroborar, ya que el jurista manifestó que no tenía tiempo para atender la consulta de este medio. 5 septiembre, 2020, El Periódico.

Se confirma por medios públicos el fallecimiento del Magistrado Mejía, y un diagnóstico de derrame cerebral del Magistrado Aldana (conocido y del cual lamento su infortunio). La respuesta de la CC fue inmediata y protectora bajo los criterios de salud y asuntos personales. Lo transcendental es sí, se encontraban en sus capacidades mentales y físicas, para continuar firmando fallos o fue un encubrimiento de la Magistrada Presidente Gloria Porras. Este aparente encubrimiento, lo único que aclara, es el supuesto encubrimiento y la falta de ética profesional de los encartados, Magistrados Constitucionales, de los cuales exigimos su pronta aclaración y detalles de lo actuado. Y cuestiono su insolvente responsabilidad.

Se adhiere el caso del Abogado y Doctor Conrado Reyes (fiscal General Electo, defenestrado por injurias de los mismo, Mack y compañía, en un gobierno perverso como lo fue el de Colon y su cuestionada esposa con sus programas de cohesión social, al final termino en un divorcio exprés (único en la legislación nacional), para poder ser candidata y dizque se casó con el pueblo. Siendo víctima el Doctor Reyes de la voracidad política, y que el caso continua de injusticias y falta de criterio, llevándolo en incierto después de dos años de haber sido electo como suplente, por intermedio de un recurso de la misma Fundación Mack, y otros seguidores, sigue sin ser juramentado, en contra de todos los estatutos planteados en términos de temporalidad y legalidad. La ilegalidad manifiesta, violando constantemente la Constitución, mi interrogante es ¿Quién les cobrara el delito?

Nos enfrentamos hoy más que nunca a un fraude “de ley Constitutiva” por parte de las máximas cortes del país, adicionado a la imposibilidad del Congreso (fragmentado y corrupto) de elegir nuevos magistrados a la Corte Suprema, y en definitiva un contubernio en contra del pueblo de Guatemala. Contubernio que debe ser interrumpido y corregido, la pregunta es ¿Quién corrige a las cortes? ¿Quién salvaguarda al pueblo? ¿Quién vela por el honor de la República? ¿Quién está siempre con el pueblo y lo defiende? ¿Dónde están los dilectos Constitucionalistas, y otrora defensores de la legalidad y el patriotismo?

Con el respeto de esta situación tan deprimente y amenazante, me permito hacer un llamado a la reflexión y la acción ciudadana y convocar a todos aquellos ciudadanos consientes a manifestar y accionar por sus libertades. Constituirse en el Poder Ejecutivo y líder de la unidad nacional, aplicando los artículos,  CPRG. Artículo 182, 183, 244, entre otros. Primero debemos salvar la república y luego esclareceremos las fallas del sistema.

Invocar la salvaguarda del honor nacional y la defensa de la población como parámetros de urgencia, debido a que no son solo estos agravios, es la corrupción de las cortes, que estimulan las amenazas al Estado, tales como: narcotráfico, terrorismo, corrupción y el flagelo de la violación a la propiedad privada, que ha segado más de veinte mil empleos y varios miles de quetzales de ingresos, tanto a las familias como al fisco, así mismo,  las extorciones a los pequeños, medianos y grandes comerciantes por parte de las pandillas, que flagela a los  emprendedores nacionales, miles de jóvenes que no logran obtener un empleo, y donde se la economía informal, esta atacada por las pandillas extorsionadoras.

La distorsión gubernativa se manifiesta en las falta de operatividad del Organismo Ejecutivo ¡quizás limitada por la ley! aunque tiene la facultad de proponer cambios legislativos y constitucionales, ¿quizás es el momento?, coartado por las cortes, quienes pretenden dominar el escenario nacional (equivocadamente e ilegal en funciones, pero con objetivos políticos, nefastos y al margen de la libertad y la república), y le dan pie y espacio a los extorsionadores, traficantes, narcotraficantes, lavadores de dinero y la prostitución entre otros actos delictivos. Incluyendo, aduanas, puertos marítimos, terrestres y aéreos; están siendo sangrados por estas mafias, que son protegidas por las estructura legal del Estado, la ley y el orden fueron corrompidas. Tribunales, policías, invasores, extractores de nuestros recursos naturales, todos están protegido por el “crimen organizado”, que involucra todos los citados.

 Todos los efectos de distorsión y violación a nuestra constitución son producto de nuestra indolencia y desatención, la patria hoy urge que contratamos una nueva nación,

Es el año de la reconstrucción nacional:

Lo haremos juntos, yo me apunto.

Yo soy  #la Nueva solución nacional.

Con liderazgo y disciplina, salvemos Guatemala.